Jurisprudencia: Juzgado acoge tutela laboral por despido


Segundo Juzgado de Letras de Santiago acoge denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales por despido de trabajadora sin fundamento o razón aparente.

Juzgado acoge tutela laboral por despido sin fundamento

Datos del Proceso.


Jurisprudencia: Derecho Laboral
Materia: Tutela Laboral por Vulneración de Derechos Fundamentales (despido por necesidades de la empresa)
Tribunal: 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Rol: T-635-2019
Demandante: Carolina Gatica Díaz
Denunciado: Gestión Ambiental S.A.
Sentencia: Acoge denuncia
Estado de Causa: Pendiente (Impugnación)
Recursos: Nulidad
Corte de Apelaciones: Santiago
Rol: 0000-2019 (Laboral-Cobranza)
Sentencia de Corte: Pendiente

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Contenido de la Sentencia.


Santiago, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO;

PRIMERO; Que comparece doña Carolina Gatica Díaz, cédula de identidad número 13.563.030-6, domiciliada en La Cañada N° 6231, comuna de La Reina, interponiendo denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales y en subsidio despido injustificado en contra de la empresa Gestión Ambiental S.A., RUT 78.431.420-0, representada legalmente por don Jaime Solari Saavedra, de quien se ignoran otros antecedentes, ambos con domicilio en Rosario Norte N° 100, Piso 14, comuna de Las Condes. Señala que ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 19 de noviembre de 2018 en calidad de jefe de proyectos, con una última remuneración mensual que ascendía a la suma de $3.572.543, siendo despedida el día 24 de enero de 2019, 66 días después de su contrato, por la causal del Art. 161 inciso primero del Código del Trabajo, invocándose que el área en donde se desempeñaba estaba en reestructuración. Señala que de forma previa al ingreso a la demandada trabajaba en el Consejo de Monumentos Nacionales, en donde llegó a desempeñar la función de Secretaria Ejecutiva Subrogante y jefa de unidad, que a mediados de Octubre de 2018 envió sus antecedentes a diversas empresas para explorar alternativas laborales, habiéndose manifestado interés tres, una de ellas la demandada, la que explicó en su momento que estaba interesada en reestructurar la unidad incorporando la coordinación de patrimonio cultural, para lo que requería de los servicios de la actora, recibiendo luego una oferta formal de trabajo en donde se específica que el contrato ofrecido era indefinido, renta liquida de $2.950.000 y reajuste semestral dela remuneración en los meses de Abril y Octubre, además de algunos beneficios anexos, en virtud de esta oferta decidió renunciar a su empleo en el sector público y aceptar la oferta de la demandada, reproduciendo en la demanda las diversas conversaciones por medios electrónicos que sostuvo la demandante con la encargada de su contratación en la empresa, quien requería para que comenzara a prestar servicios. En cuanto al término de la relación laboral, ocurre el día 24 degenero de 2019, cuando se informa que no eran necesarios sus servicios, indicándose que se había cambiado de opinión sobre su contratación, arguyendo que la actora no se había enterado al equipo, siendo este despido dos meses luego de la contratación contradictorio con la premura que en su momento manifestó la demandada para proceder a la contratación, considera que siempre el objetivo era una contratación de largo tiempo, razón por la cual se habría establecido el reajuste de remuneraciones en los meses de Abril y Octubre, siendo a su juicio evidente que la oferta que se estaba haciendo era hasta el desde Noviembre de 2019, a lo menos, dada la forma de pactar el reajuste de la remuneración, al igual que el pacto de bono anual. Estima que el despido afecta su derecho establecido en el Art. 19 N° 1 de la Constitución, dado que por lo intempestivo del mismo sufrió un colapso nervioso, siendo afectada anímicamente por la incertidumbre sobre su futuro laboral, perdiendo la fuente de sustento económico propio y de su familia. Señala además haber sufrido un daño por lucro cesante, toda vez que la oferta laboral establecía términos de los que se desprendía que la oferta laboral era por lo menos un año, hasta el mes de Noviembre de 2019, ya que en caso contrario no resultaría lógico que se haya ofertado un reajuste en el mes de Octubre del año siguiente a la contratación, ni sería lógico que la demandante haya dejado un trabajo estable sin tener la certeza de que sería una contratación de largo tiempo. Por su parte, estima que la demandada debe reparar el daño moral que ha sufrido producto del despido, de acuerdo a los problemas psicológicos que la han afectado. Pide en definitiva que la demandada sea condenada al pago de indemnización adicional por la vulneración de derechos fundamentales, indemnización por lucro cesante equivalente a las remuneraciones que se hubiesen devengado hasta el mes de Noviembre de 2018 y el pago de indemnización por daño moral por la suma de $10.000.000. En subsidio demanda despido injustificado, estimando que los hechos contenidos en la carta de despido no configuran la causal y que ellos no se encuentran adecuadamente descritos en la comunicación, haciendo las mismas peticiones que en lo principal, a excepción de la indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales.

SEGUNDO; Que la demandada contesta la demanda pidiendo el rechazo de la misma en base a las siguientes consideraciones. Señala que entre las partes existió un contrato de tipo indefinido, con efectos desde el día 15 de noviembre de 2018, estableciéndose este hecho expresamente en el documento, por lo que no es efectivo que se haya pactado una duración mínima de un año, sin que tampoco en la oferta de trabajo se haya contenido ninguna declaración en ese sentido, ya que ella señala expresamente que se trata de un contrato indefinido, la existencia de un reajuste semestral de la remuneración no puede entenderse como una variación de la naturaleza del contrato que fue explícitamente señalada tanto en la oferta como en el contrato mismo. Argumenta que los hechos ocurridos con ocasión del despido pueden ser ventilados en el juicio, no hecho anteriores, ya que la acción de tutela laboral de derechos fundamentales con relación laboral vigente no fue interpuesta. Expone que el despido es justificado en base a las razones que se señalan en la misma carta, que invoca el proceso de reestructuración, sin que luego del término de la relación laboral la demandante se haya contratado a ninguna persona en su reemplazo, y aun cuando se estime que los hechos no son suficientes por sí solos para probar la causal, ello no implica que no se pueda alegar y probar hechos en la contestación de la demanda. Niega que en el caso haya una vulneración de derechos fundamentales, señalando que la iniciativa de contactar a la empresa la tuvo la misma demandante, lo que descartaría la supuesta premura en contar con sus servicios, habiéndose realizado conversaciones, que son citadas en la demanda, que son totalmente normales en todo proceso de contratación y que siempre existe la posibilidad de despido cuando un trabajador entra a prestar servicios en una empresa, por lo que en el juicio solo se basa en el desacuerdo de la demandante con dicha decisión, pero en caso alguno una vulneración de sus derechos fundamentales, sin que lo problemas que puedan provocar el término de una relación laboral puedan ser considerados como una vulneración de esta naturaleza. Argumenta que la indemnización por lucro cesante es improcedente, dada la naturaleza del contrato de trabajo de acuerdo a lo que se expuso anteriormente. En cuanto a la indemnización por daño moral, estima que sería incompatible con indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales, sin perjuicio de que en el caso de autos no se ha producido una vulneración, mucho menos de la entidad como para otorgar una indemnización por sobre aquella que ha sido legalmente tasada.

TERCERO; Que en la audiencia preparatoria de fecha 27 de mayo de 2019 se realizó el correspondiente llamado a conciliación, la que no se produjo, fijándose como hechos no controvertidos los siguientes:

1.- Que la demandante fue despedida con fecha 24 de enero de 2019, por la causal contemplada en el artículo 161 inciso primero del Código de Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, cuyas formalidades no están discutidas.
2.- Que la demandante firmó finiquito con reserva de derechos.
Finalmente fueron fijados como hechos controvertidos los siguientes:
1.- La fecha de inicio y Duración del contrato de trabajado.
2.- Fundamento del despido, hechos y circunstancias relacionado al mismo.
3.- Efectividad de haber sido la demandante objeto de vulneración de garantías fundamentales con ocasión del término de sus servicios, en la afirmativa, circunstancias.
4.- Lesiones emocionales o extrapatrimoniales sufridas por la demandante, con ocasión del despido.
5.- Última remuneración mensual del actor, o en su caso, promedio de los últimos tres meses íntegramente trabajados; rubros que la componían.

CUARTO; Que en la audiencia de juicio fueron incorporados los siguientes medios de prueba por la parte demandante:

DOCUMENTAL

1.- Oferta de trabajo entre Gestión ambiental y la demandante, de fecha 19 de octubre de 2018.
2.- Certificado emitido por Integramédica, de 25 de enero de 2019, por interconsulta Servicio de urgencia.
3.- Set de correos electrónicos remitidos entre la demandante, casilla electrónica a Marcela Devia Riquelme, de fechas 23, 25, 29 y 30 de octubre de 2018.
4.- Set de mensajes de aplicación "Whatsapp”, remitidos entre la actora y Marcela Devia Riquelme, de fecha 18, 19, 25, 26 y 30 de octubre de 2018.
5.- Resolución exenta RA 122512/2688/2018, del Servicio Nacional del Patrimonio de Cultura, de fecha 23 de noviembre de 2018, que acepta la renuncia voluntaria de la demandante.
6.- Contrato de trabajo suscrito por la demandante con la demandada Gestión Ambiental S.A., de fecha 26 de octubre de 2018.
7.- Carta de despido de fecha 24 de enero de 2018.
9.- Finiquito de fecha 24 de enero de 2019, con reserva de derechos.
10.- Epicrisis de paciente de la actora de autos, que da cuenta de la fecha de ingreso 25 de enero de 2019 y salida 28 de enero de 2019, de la Clínica Santa María.

CONFESIONAL

Prestó declaración en representación de la demandada don Claudio Dueñas Goldberg, luego de haber sido legalmente juramentado.

TESTIMONIAL

Prestaron declaración como testigos de la parte demandante las siguientes personas, luego de haber sido legalmente juramentadas:

1.- Doña Paulina Borquez Olivares.
2.- Don Arial Alter Urzúa.

OFICIOS

Se incorporó respuesta a oficio del Consejo de la Cultura, en donde informa el periodo de prestación de servicios de la demandante.

QUINTO; Que la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL

1.- Contrato de trabajo entre demandante y demandada de 26 de octubre de 2018.
2.- Oferta de trabajo de 19 de octubre de 2018.
3.- Carta de aviso de terminación de contrato de trabajo de 24 de enero de 2019.

OFICIOS

Se incorporaron respuestas de oficios enviados por Isapre Vida Tres, AFP Habitat y Administradora de Fondos de Cesantía, en donde se informa el estado de pago de cotizaciones de seguridad social de la demandante desde el mes de Enero de 2019 al 27 de mayo de 2019.

SEXTO;
Que en cuanto a la acción de tutela laboral de derechos fundamentales, es menester señalar que el Art. 493 del Código del Trabajo establece una regulación especial respecto del estándar probatorio que le corresponde a cada una de las partes. Señala dicha norma legal que una vez que la demandante aporte indicios suficientes de haberse producido una vulneración a los derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Esta norma en caso alguno importa una inversión en la carga probatoria, ya que siempre la parte demandante debe probar la existencia de la situación, solamente que el estándar de prueba es manifiestamente menor que el que tiene la parte demandada para probar la justificación y proporcionalidad de la medida, de modo tal que a la demandante solamente le bastan los indicios de la existencia de la vulneración, mientras que la demandada debe probar fehacientemente los elementos que determinan la justificación y la proporcionalidad de las acciones en que se ha incurrido.

Por tanto, los pasos lógicos para la resolución de una denuncia como la de autos pasan por establecer, en primer lugar, si es que la demandante ha entregado indicios de la vulneración de derechos fundamentales que se reclama en la demanda, siendo el líbelo el que marca el ámbito de la discusión posible, si es que se estima que hay elementos de convicción suficientes para establecer estos indicios, entonces corresponde analizar si es que la parte demandada ha aportado antecedentes suficientes para desmentir los mismos, justificando su actuar, de modo tal que los indicios aportados se vean desmentidos y la situación de vulneración, que en un primer momento aparecía de acuerdo a los medios de la actora, se vea desvirtuada, encontrándose explicada la situación.

SÉPTIMO; Que en la especie se alega que el hecho del despido ha producido una vulneración en el derecho establecido en el Art. 19 N° 1 de la Constitución, afectándose la integridad psíquica de la demandante por este término de la relación laboral. Es del caso señalar que, como se alegó por la parte demandada en su oportunidad, es cierto que todo despido produce un alteración de las condiciones de vida de una persona, puesto que es evidente que la pérdida de la fuente laboral, aun cuando se paguen indemnizaciones por término de la relación de trabajo como la sustitutiva de aviso previo o la indemnización años de servicio, genera una perturbación en la vida de una persona quien tiene que buscar una nueva fuente de ingreso y debe adecuar su vida dar a las nuevas condiciones que implica el hecho de que no trabaja más en el lugar en que estuvo prestando servicios antes, sin embargo no todo despido es automáticamente una vulneración de derechos fundamentales. Los derechos constitucionales resultan integradores del sistema en su conjunto, en el sentido de que todas las normas tienden a asegurar su respeto o al menos deben conformarse a ellos, siendo un imperativo jurídico que las normas infraconstitucionales no pasen a llevar dichos derechos, al tiempo que los desarrollan realizando una función de "bajada” desde la Constitución a las situaciones jurídicas particulares, porque sobra decir que la Constitución solo fija un parámetro general determinando la base y contenido esencial de los derechos, siendo las demás normas las encargadas de desarrollar los mismos en las relaciones jurídicas de forma específica. Dentro de este contexto, obviamente todas las normas jurídicas de un mismo sistema de vinculan entre sí, de forma tal que el Código del Trabajo debe necesariamente estar en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, incluyendo el contenido de los derechos fundamentales, asegurándose que las normas que rigen la relaciones laborales, por un lado sean coherentes con la protección de ellos, y de otro que tiendan a su desarrollo dentro de la relación de trabajo, por tanto, cada vez que se incumple una norma laboral o se deja de cumplir una obligación laboral, puede dicha situación ser reconducida argumentativamente a la Constitución, porque como sistema jurídico la constitución informa a todo el ordenamiento y el Código del Trabajo sigue el contenido jurídico de sus normas, sin embargo ello no significa que todo incumplimiento legal sea automáticamente una vulneración a la Constitución, puesto que la vinculación entre las normas se da solo a nivel de sistema, pero cada una de ellas tiene su rango de operación propio, de modo tal que es el Código del Trabajo el que regula y sanciona las situaciones de incumplimientos legales laborales, sin referencia directa a la Constitución, que por un tema de jerarquía normativa no entrega regulaciones específicas a la relación de trabajo. La situación de incumplimientos laborales adquiere la relevancia de una vulneración a los derechos fundamentales del trabajador cuando el contexto permite establecer que las alteraciones de la relación de trabajo van más allá del cumplimiento o incumplimiento de normas, de manera tal que es posible dotar a la conducta del empleador de una connotación tal que implique no solo un desprecio por la normas legal, sino que una agresión al trabajador en su calidad de persona, no solo como contraparte en un contrato.

De acuerdo a lo anterior, es obvio para este juez que para analizar si es que un despido puede ser calificado además como una vulneración de derechos constitucionalmente asegurados, acción que ha sido expresamente regulada en el art. 489 del Código del Trabajo, es necesario analizar el contexto en que tiene lugar dicho despido, debiendo determinarse si es que del marco general es posible desprender una situación que de cuenta de indicios de vulneración, que es la carga de la prueba que tiene parte demandante a nivel de indicios, para lo anterior no puede analizarse el despido como un hecho aislado, que es lo que pretende la contestación de la demanda, sino que debe ser examinado todo el contexto que rodea el despido, que se genera evidentemente antes del término de los servicios, no siendo solo relevantes en este examen el hecho mismo del despido, sino que también los aspectos de la relación de trabajo que se relacionan con dicho acto, evidentemente que las circunstancias que no digan relación directa con el despido no son relevantes, pero que aspectos de la relación son importantes para despido y que elementos no lo son es un juicio que debe hacer el Tribunal luego de rendida la prueba, siendo impropio que se descarte previo a un pronunciamiento de fondo analizar los hechos ocurridos antes del despido, ya que no se sabe si es que ellos efectivamente han tenido relación con este y permiten calificar o no la desvinculación como un atentado a los derechos fundamentales y no solo un mero incumplimiento normativo a nivel legal. Lo anteriormente señalado fluye de la lógica propia de lo que es una vulneración de derechos fundamentales, que en su naturaleza misma no dice relación a un hecho asilado, sino que con un contexto que transforma un ilícito legal en uno de tipo constitucional, pero también de la letra del Art. 489 del Código del Trabajo, que señala que la vulneración debe producirse "con ocasión” del despido y no "por” el despido, de manera tal que los hechos no deben ser limitados en el análisis de la manera en como lo pretende la empresa demandada.

OCTAVO; Que en el caso el despido estuvo rodeado de circunstancias que no son mayormente controvertidas, en primer lugar, es un hecho que la relación de trabajo se produce entre el mes de Noviembre de 2018, específicamente el día 15 de dicho mes, de acuerdo a lo que consta en el contrato de trabajo incorporado por ambas partes, y el día 24 de enero de 2019, cuando la trabajadora es despedida por la causal del Art. 161 inciso primero del Código del Trabajo, circunstancia no controvertida de acuerdo a lo fijado en la audiencia preparatoria, por tanto es cierto lo que se alega en la demanda de que la relación laboral duró dos meses y 9 días. Es igualmente cierto lo que se afirma en la demanda, en orden a que el cargo de la demandante era de jefe de proyectos, de acuerdo a lo consignado en el contrato de trabajo, y que anteriormente tenía una relación de prestación de servicios a contrata en el Consejo de Monumentos Nacionales, al que la demandante renunció para incorporarse a la demandada, lo que consta en el oficio de la señalada repartición pública y en los mensajes de conversaciones electrónicas sostenidas con una representante de la empresa antes de firmar el contrato de trabajo de autos. Por tanto, estima este juez que los indicios de vulneración se han producido, toda vez que estamos ante una relación laboral que dura poco más de dos meses, de una profesional de alto grado de especialización, que ejercía un cargo de relevancia en un órgano público, que es contrata por una alta remuneración, más de $.3.400.000 mensuales brutos, estableciéndose en el contrato expresamente como prohibiciones la de ejecutar trabajos o negociaciones con clientes o competidores de la empresa, así como prestar servicios para cualquier tercero, señalando incluso en la letra b) de la cláusula cuarta del contrato que la “exclusividad” era una condición de importancia fundamental del contrato, por tanto estamos en presencia de una trabajadora que tenía una relación de confianza especialmente alta, sin embargo ello no impidió que con solo dos meses de trabajo haya sido despedida. Como se dijo antes, no todo despido puede producir una vulneración de derechos fundamentales, pero en este caso si le parece al tribunal que se constituyen indicios de que el despido y las consecuencias para la estabilidad emocional y la integridad psíquica de la demandante, circunstancias de las que dieron cuenta los testigos de la actora, exceden el rango normal que es sancionado por el Art. 168 del Código del Trabajo, toda vez que la demandante fue contratada para cumplir una función de dirección de proyectos que ejecuta la empresa, sin embargo es despedida solo dos meses luego del contrato por la causal del Art.161 inciso primero, sin mayor explicación la comunicación de despido, sino que solo haciendo referencia general a una reestructuración del área en que se desempeñaba, sin que se explique ni siquiera someramente en que puede consistir un proceso de reestructuración que implica el término de la relación laboral de una jefa de proyectos que solo lleva dos meses de prestación de servicios. Es igualmente cierto que todo trabajador está expuesto a un despido, en la medida de que se configure una causal para ello, por tanto la demandante no podía sino saber que era posible que se pusiera término a su relación de trabajo, sin embargo, una cosa es que una persona tenga el conocimiento de esta circunstancia y otra totalmente diferente es que sea contratada y luego de un corto periodo de tiempo, sobre todo considerando el tipo de cargo, remuneración y experiencia laboral de la actora, se ponga término a la relación de trabajo con una razón como la de autos, sin mayor explicación en la comunicación de despido. Estas circunstancias dan indicios de que el término de la relación laboral se debió a una mera arbitrariedad de la empresa, que tomó una decisión intempestiva de poner término al contrato que apenas dos meses antes estimaba necesario, sin tener en consideración la posición de la trabajadora y la situación en que ello la dejaba, la mera arbitrariedad del despido, unida al muy corto lapso de tiempo, que case permite afirmar que prácticamente la demandante fue contratada solo para ser despedida. Todos estos hechos y pruebas son indicios de que los daños sufridos por la demandante producto del término de la relación de trabajo exceden el marco normal reglado en el Código del Trabajo, construyendo una agresión ilícita a la esfera de derechos constitucionalmente asegurados, teniendo presente la afectación a la esfera persona de la demandante de acuerdo a lo declarado por los testigos de autos.

No debe olvidarse que laye estableció expresamente una rebaja en el estándar probatorio para la parte demandante en el caso de la tutela laboral de derechos fundamentales, por tanto, los medios de prueba que se han reseñado puede que no configuren prueba completa sobre una determinada situación, pero si son suficientes para constituir indicios de ella, que es lo que la ley exige, debiendo la demandada rendir prueba completa, por lo que indicios de proporcionalidad o razonabilidad de la medida no son suficientes en su caso para desmentir los indicios de vulneración de la parte demandante.

NOVENO; Que en este caso, las circunstancias que se producen con ocasión del despido y que lo rodean generan indicios sobre la vulneración de derechos fundamentales que excede el marco meramente legal y por ende significan un ilícito de tipo constitucional, por lo que de acuerdo al Art. 493 del Código del Trabajo correspondía a la demandada entregar medios de prueba que permitiesen acreditar la proporcionalidad de su conducta, descartando que el despido haya sido una mera arbitrariedad ejecutada para afectar la fuente de subsistencia de la demandante, sino que tiene una razón lícita, aun cuando dicha razón no haya sido expuesta en la carta de despido, ya que la limitación del art. 454 N° 1 del Código del Trabajo rige solo para la acción de despido injustificado, no para la acción de tutela, por lo que la prueba sobre la razonabilidad y proporcionalidad del término de la relación laboral puede ser amplia, bastando con que se acredite que hubieron hechos que sustentan la decisión, más allá de perjudicar en su empleo a la trabajadora.

Sin embargo, aun cuando no existe la limitación de la carta de despido para la acción principal, la demandada no ha incorporado prueba que permita justificar la proporcionalidad de las medidas adoptadas. En efecto, dentro de la prueba incorporada por la demandada solo consta el contrato de trabajo, la carta de despido, la oferta de trabajo que se entregó en su oportunidad a la demandante y oficios sobre cotizaciones de seguridad social referidos a periodos posteriores al término de la relación de trabajo, nada de esa prueba dice relación en absoluto con los motivos por los cuales se puso término a la relación laboral y no hay atisbo de prueba sobre la supuesta reestructuración que produjo el término de la relación laboral, que es lo único mencionado en la carta de despido, no hay ningún medio de prueba que permita al Tribunal comprenden las razones por las cuales una reestructuración hizo necesario el despido de una persona que había sido contratada solo dos meses antes, lo que implica que debe entenderse que el término de la relación de trabajo obedece a una mera arbitrariedad que priva de la fuente de empleo a una persona tan solo 66 días después de que se incorporó a la empresa, con todas las consecuencias negativas que ello implica para cualquier persona, en circunstancias que en tan corto lapso de tiempo resulta imposible que haya una real integración del trabajador al proceso productivo, atendida la naturaleza del cargo. La demandante fue contratada para participar en desarrollos de proyectos de la empresa, cuestión que en su naturaleza no es un trabajo especifico o de temporada, no estamos en el caso en presencia de un trabajador que participó de una faena que normalmente sea de corta duración, como ocurre por ejemplo en el caso de la construcción, en donde la rotación laboral se explica por lo acotado de los trabajos y porque los trabajadores tienen áreas de experiencia que normalmente se desarrollan en trabajos de corta duración. Así las cosas, el hecho de haberse despedido a la demandante pocas semanas luego de su contratación genera un daño en su esfera personal que escapa a lo normal dentro de una relación de trabajo, debiendo por ende haber alguna explicación de esa circunstancias de manera tal de concluir que el despido no se debe a una decisión pura y simplemente arbitraria, pero en el caso de autos no hay prueba de explicación corazón alguna sobre el punto, por lo que los problemas que generó su despido se deben a una decisión la empresa que no tiene explicación ni causa, siendo claro que la proporcionalidad de la medida no ha sido probada, de acuerdo a la carga y estándar que establece el Código del Trabajo en el caso de la tutela laboral de derechos fundamentales para el empleador.

DÉCIMO; Que de esta forma, la demandante ha incorporado indicios de una situación de vulneración a su integridad psíquica, toda vez que ha probado que fue contratada a partir del mes de Noviembre de 2018, dejando su anterior empleo, cuestión que era conocida por la empresa al momento de su contratación, como lo acreditan los mensajes electrónicos incorporados, para luego ser despedida en el mes de Enero de 2019, mediante una carta de despido que no contiene un hecho en particular, sino que una mera referencia a una circunstancia general de reestructuración, por tanto se vio privada de su fuente laboral sin saber específicamente que había cambiado en los dos meses en que estuvo prestando servicios como para justificar el término de una relación de trabajo de una persona que había sido contratada como jefa de proyectos con una remuneración alta para el estándar del país, despido que produjo problemas en su esfera personal como lo explicaron los dos testigos de la parte demandante, quienes dan cuenta de una relación personal que les permitió tener conocimiento de la afectación de ánimo de la demandante por su despido. Este contexto de la relación de trabajo permite concluir que en escaso el despido no es una desvinculación de habitual ocurrencia, sino que configuran una situación de prueba indiciara sobre que el despido produjo un daño en la integridad de la demandante especialmente alto, no habitual dentro de las relaciones laborales, que amerita que sea protegido por la acción de tutela laboral de derechos fundamentales. Frente a estos indicios correspondía a la demandada acreditar los fundamentos y proporcionalidad de la medida adoptada, demostrando, independiente del tenor de la carta de despido, que la decisión de la empresa no era una mera arbitrariedad, sino que tenía una explicación mínimamente razonable, por lo que la afectación a la integridad de la demandante no escapaba a lo que es normal para todo trabajador despedido y que la empresa tenía una explicación suficiente de los hechos, por lo que esas afectaciones debían ser soportadas por la trabajadora como parte de las molestias propias de la vida en sociedad, que incluyen la posibilidad de ser despedido, aun cuando el despido sea ilegal. Pero no hay medios de prueba sobre la proporcionalidad y razonabilidad del actuar de la empresa, no hay ninguna explicación sobre el hecho que motivó la decisión, no existe prueba sobre algún hecho que haya movido a la empresa a tomar la decisión del despido, con lo cual solo se puede concluir que la demandada simplemente tomó una decisión arbitraria cambiando de opinión respecto de la demandante, a quien no quería más en la empresa, pero sin ninguna justificación razonable para ello, por lo que la afectación que produce el despido en la esfera psíquica de la trabajadora deriva en el caso de un uso desproporcionado de las facultades que la ley entrega al empleador, en este caso la facultad de poner término a la relación laboral, de manera que las consecuencias negativas del despido no deben ser asumidas por la demandante, sino que por la demandada, que es la que provocó la afectación. La conducta de la demandada cabe perfectamente en la definición de vulneración de derechos fundamentales establecida en el inciso tercero del Art. 485 del Código del Trabajo, norma que señala: "Se entenderá que los derechos garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador limite el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial."

No se pone en cuestión la facultad que tiene el empleador de poner término a la relación laboral, incluso no se pone en duda que un despido que no cumple con las normas legales debe ser sancionado de acuerdo al Art. 168 del Código del Trabajo, pero cuando esa facultad del empleador se ejecuta de manera desproporcionada y arbitraria, las consecuencias para la integridad psíquica de la trabajadora que pierde su fuente de empleo deben ser asumidas por el empleador en base a la sanción del Art. 489 del Código del Trabajo, porque la misma ley prohibe que el ejercicio arbitraria y desproporcionado de las facultades empresariales, y por las razones que se han anotado precedentemente, en este caso el despido excede el marco normal de ilegalidad constituyéndose, reiteramos, en una actuación arbitraria y sin proporción, sin que la empresa haya probado que tuvo un motivo razonable para su actuar que descarte aquello.

En razón de lo anterior, el Tribunal hará lugar a la denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales, condenando a la demandada al pago de la indemnización adicional del Art. 489 del Código del Trabajo, pedida en la demanda de acuerdo al parámetro general de la norma, fijando ella en un monto de 6 remuneraciones, tomando en cuenta la extensión de la relación laboral y las circunstancias en que se produce el despido. En cuanto al monto de la última remuneración de la demandante, no habiéndose incorporado liquidaciones de remuneraciones por ninguna de las partes se estará a la última remuneración mensual establecida en el finiquito para el pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, acto al que concurrieron ambas partes, por lo que no pueden desconocer su contenido en juicio, dicha remuneración es de $3.572.543, que multiplicado por 6 corresponde a $21.435.258.

DÉCIMO PRIMERO; Que en cuanto a las demás prestaciones que se piden, la indemnización por daño moral no será otorgada, toda vez que la afectación psíquica de la demandante ha sido tomada en consideración como parte integrante de los elementos que han determinado el que se acoja la acción de tutela laboral de derechos fundamentales, por tanto la reparación de dichas afectaciones se encuentra incluida dentro de la indemnización adicional del Art. 489 del Código del Trabajo al que ha sido condenada la demandada. No es procedente que una misma vulneración sea tomada a la vez como parte de los daños que son reparados en la indemnización adicional y luego sea calificada como daño moral y sea objeto de una nueva indemnización, porque jurídicamente lo que sanciona es un hecho, no pudiendo otorgarse compensación por el mismo hecho en base a una doble calificación jurídica, puesto que ello implicaría que la demandante recibe dos indemnización por al misma situación dañosa.

Tampoco procede la demanda de lucro cesante porque esta es una prestación que se considera como el daño que se produce por la pérdida de ganancia producto de un acto ilícito, que en el caso sería un despido ilegal o un incumplimiento de las normas legales para poner término a la relación laboral, sin embargo, aun cuando en este caso el despido se ha establecido como ilícito, para poder determinar el lucro cesante es necesario que se haya establecido una duración del contrato de trabajo, sea por un plazo o por un obra determinada, ya que solo desde esa forma habría certeza respecto del daño que se ha producido, porque el despido ilícito provoca que el trabajador deje de percibir las remuneraciones que se habrían devengado en virtud de dicho contrato si es que no hubiere mediado ese acto, esto lógicamente es imposible en un contrato de duración indefinida porque en él no se ha definido un lapso de duración específico, por lo que no hay manera de saber con cierto grado de certidumbre hasta que momento habría durado la relación laboral si es que no se hubiese despedido a la trabajadora ilícitamente, por lo que la certidumbre del daño, requisito esencial para cualquier clase de indemnización que no sea legalmente tasada, no se produce, habiéndose establecido expresamente en la oferta de empleo y en el contrato de trabajo la naturaleza del contrato de la actora, fijándose con claridad que se trata de un contrato indefinido. La demandante en este caso alega que es obvio que el contrato tendría una duración de larga data, pero aun cuando ello fuese cierto, la verdad es que no hay medio de prueba alguno que permita establecer que tan larga sería la extensión en el tiempo de este contrato, no es cierto que los términos de la oferta de empleo respecto del reajuste de la remuneración den cuenta de que la intención de las partes era mantener la relación laboral vigente hasta Noviembre de 2019 como si se tratase de un contrato a plazo, porque lo establecido en ese documento es la regulación de la forma de reajuste de la remuneración, que puede o no producirse si es que la relación está o no vigente en esos meses, pero en caos alguno obligaba a mantener vigente el contrato hasta ese periodo, la forma de reajuste es permanente, por lo que tenía aplicación en los meses de Abril y Noviembre de todos los años, no siendo un parámetro para fijar una duración mínima. Por lo demás los reajustes se ofrecieron en los meses de Abril y Noviembre, no habiendo razón para elegir noviembre como el mes hasta el que supuestamente duraría la relación de trabajo y no hasta Abril de 2019 o incluso hasta Abril de 2020, dado que en la oferta tampoco se especifica año, de lo que se concluye que la demanda basa el lucro cesante más que en los términos de la oferta de trabajo, en una construcción que tenga visos de verosimilitud, pero que no se sustenta en el texto de los documentos. De la misma forma, el posible bono que se contiene en la oferta de empleo tampoco dice nada sobre la duración del contrato de trabajo, sino que solo se establece una posible prestación, que tampoco fue incluida dentro del contrato de trabajo y en cualquier caso los bonos siempre son prestaciones que se deben solo si es que se devengan durante la relación laboral vigente, de lo que no existe prueba en el caos de autos.

DÉCIMO SEGUNDO; Que habiendo sido valorada la prueba conforme a las normas de la sana crítica, se estima que no hay otros medios de prueba que alternen las conclusiones a las que se ha arribado precedentemente.

En cuanto a la confesional del representante de la demandada, nada a ha confesado el mismo que perjudique sustancialmente la posición de la parte. Se ha hecho referencia general a los mensajes electrónicos y correos electrónicos de la demandante, los no mencionando expresamente solo redundan en los términos e la relación laboral que ya han sido expuestos. En cuanto a la epicrisis de la demandante, es cierto lo que señala el apoderado de la parte demandada, en el sentido de que el diagnóstico contenido en ella no es una enfermedad propiamente psiquiátrica o psicológica, sin que haya prueba en el proceso que vincule la pielonefritis a las circunstancias del despido, sin perjuicio de lo cual la afectación psíquica producida por el despido se ha dado por probada en base a la testimonial de la demandante, de la forma en como se ha expuesto. Tampoco el certificado médico de la demandante de la empresa Integramedica da cuenta de hechos sustancialmente diferentes a los que se han fijado en la sentencia.

En cuanto a la prueba de la parte demandada, se ha analizado como los documentos incorporados no dan cuenta de la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas y los oficios van más bien orientados a descartar el lucro cesante demandado, que ha sido desechado por razones diversas, que no tienen relación con trabajos posteriores de la demandante, cuestión que en cualquier caso no resulta relevante porque en el caso del lucro cesante lo debatido es lo que la demandante dejó de percibir en virtud del contrato que mantenía con la demandada, no por otras relaciones.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y 161, 172, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 485, 486, 489, 493 y 495 del Código del Trabajo, y demás normas legales aplicables, se resuelve:

I.- Que se acoge la denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales interpuesta por doña Carolina Gatica Díaz en contra de la empresa Gestión Ambiental S.A., solo en cuanto se declara que el despido que ha afectado a la demandante con fecha 24 de enero de 2019 se constituye en un acto vulneratorio de los derechos establecidos en el Art. 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en razón de lo cual se condena a la demandada al pago de $21.435.258, por concepto de indemnización adicional establecida en el Art. 489 del Código del Trabajo, la que deberá ser pagada con reajustes e intereses.
II.- Que en lo demás se rechaza la denuncia.
III.- Que habiendo sido acogida la acción principal se omite pronunciamiento sobre la subsidiaria.
IV.- Que no habiendo sido totalmente vencida no se condena en costas a la demandada.
V.- Remítase copia de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro una vez que se encuentre ejecutoriada.

RIT T-635-2019
RUC 19-4-0178798-7

Dictada por don FRANCISCO VEAS VERA, Juez Suplente del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.


Fuente de Referencia


Portal del Poder Judicial de Chile. (2019). "Poder Judicial".

Colombiana denuncia acoso laboral y sexual en CRS


Colombiana denuncia sobre acoso laboral y sexual ocurrido al interior del Centro de Reinserción Social (CRS) de la ciudad de la Serena.

Colombiana denuncia acoso laboral y sexual en CRS

Víctima denuncia acoso laboral y sexual.


La ciudadana colombiana Aura Benavides, de 35 años de edad, domiciliada hace seis años en la ciudad de la Serena, Región de Coquimbo, informa a la prensa acerca de una denuncia por acoso laboral y sexual. Las conductas abusivas presuntamente acaecieron mientras trabajaba en el Centro de Reinserción Social (CRS) de la Serena. En la actualidad, la trabajadora está cesante luego de ser despedida en el mes de septiembre de 2019.

Según relato de la mujer colombiana, quien mantuvo contrato de trabajo con empresa contratista de aseo, durante un prolongado periodo sufrió acoso laboral y sexual de parte de un funcionario civil dependiente del CRS de la Serena.

Conductas abusivas de carácter sexual.


Aura Benavides afirma en relación al abuso sexual que “en el mes de abril de 2019 comencé a desempeñarme en funciones de aseo en dicho establecimiento, y desde un comienzo este señor me hizo tocaciones en el cuerpo, siempre en contra de mi voluntad y en repetidas ocasiones”. Agrega que luego de tres meses de trabajo en el CRS, se le informó que no continuaría ejerciendo sus labores debido a que comunicó públicamente la conductas abusivas de la cual era víctima.

La colombiana, previo a su despido, denunció las conductas constitutivas de acoso laboral y sexual a su jefa directa. Agrega que la situación no cambió, incluso empeoró, pues el agresor se contactó con la empresa contratista de aseo para solicitar el despido de la trabajadora, desvinculación que finalmente se hizo efectiva en el pasado mes de septiembre.

Conductas abusivas en el trabajo.


La trabajadora denunciante explica que el agresor ejerció acoso laboral verbal y psicológico mediante comentarios acerca de la calidad de inmigrante, la obligación de acatar sus órdenes como si se tratará de un superior y amenazas constantes de informar al empleador de la mujer colombiana a fin de que la víctima fuere despedida. Además, relata que el agresor periódicamente la vigilaba y procedía a dar órdenes de cómo debía realizar las labores de aseo.

La denuncia formal por acoso laboral y sexual fue puesta en conocimiento de Gendarmería de Chile y SernamEG. A posterior, fue publicada mediante diarios regionales en el mes de noviembre de 2019.

Declaraciones de Gendarmería y SernamEG.


Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, su directora regional, María Soledad Rojas, señaló que “como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reiteramos nuestro inquebrantable compromiso de tolerancia cero frente a cualquier hecho de violencia y abuso contra las mujeres en cualquier circunstancia. En este caso, a través de la abogada de violencia extrema del área encargada de la temática, hemos realizado la primera acogida con orientación e información, además de entregar la asesoría legal y comprometer nuestro acompañamiento a la víctima, una vez se haya formalizado su denuncia, con el objetivo de permitir un camino sin obstáculos en esta ruta”

Desde Gendarmería de Chile expresan que “efectivamente no podemos referirnos al tema, ya que es una denuncia muy delicada que se encuentra en proceso de investigación”.


Referencia de prensa:


Diario Digital La Región de Coquimbo. (2019). "Colombiana denuncia acoso laboral y sexual de funcionario civil del CRS".

Jurisprudencia: Juzgado acoge tutela por acoso laboral


Juzgado de Letras de San Bernardo acoge denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales por hostigamiento, malos tratos y acoso laboral.

Juzgado acoge tutela por acoso laboral

Datos del Proceso.


Jurisprudencia: Derecho Laboral
Materia: Tutela Laboral por Vulneración de Derechos Fundamentales (acoso laboral)
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
Rol: T-27-2019
Demandante: Dominique Andrea González González
Denunciado: Servicios Metálicos Dinámicos SpA
Sentencia: Acoge denuncia
Estado de Causa: Terminada (Cúmplase)
Recursos: Nulidad
Corte de Apelaciones: San Miguel
Rol: 546-2019 (Laboral-Cobranza)
Sentencia de Corte: Declara inadmisible el recurso

Descarga de Documentos.



Contenido de la Sentencia.


San Bernardo, diez de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y OÍDOS Y CONSIDERANDO:

I.- Antecedentes del Juicio.


1°. Individualización de las partes.

DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, contadora general, domiciliada en Cerro Challay N°699, Villa Jardines de las Américas, comuna de Paine, interpuso una denuncia en procedimiento laboral de tutela de derechos fundamentales contra SERVICIOS METÁLICOS DINÁMICOS S.P.A., del giro de su denominación, RUT N°76.933.716-4, representada legalmente por VERÓNICA MABEL DÍAZ MONSALVES, desconoce profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida Calera de Tango, Parcela 9, comuna de Calera de Tango.

DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ será llamada en esta sentencia la denunciante, la demandante, la parte demandante, la actora o la trabajadora.

SERVICIOS METÁLICOS DINÁMICOS S.P.A. será llamada la denunciada, la demandada, la parte demandada, la empresa o la empleadora.

2°. Síntesis de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y de la demanda subsidiaria por despido injustificado .

La actora funda la denuncia en que trabajó para la empresa desde el 01 de octubre de 2018, con jornada de 45 horas distribuidas de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h. y horario de colación de 13:00 a 14:00 hrs.

Su remuneración era de $759.000 (setecientos cincuenta y nueve mil pesos), compuesta por sueldo de $495.000 (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos), gratificación garantizada del artículo 50 del Código del Trabajo por $114.000 (ciento catorce mil) y asignación de movilización y colación, cada una por $75.000 (setenta y cinco mil pesos).

Su contrato de trabajo era a plazo hasta el 31 de diciembre de 2018, pero la demandada lo alteró unilateralmente, cambiando la segunda hoja del documento por una nueva que indicaba como fecha de cese el 30 de noviembre de 2018.

Fue contratada como "Encargada de Administración”, con responsabilidad en las áreas de contabilidad, finanzas y recursos humanos. Se desempeñaba en las dependencias de la empresa.

Fue despedida el 30 de noviembre de 2018. A esa fecha se le adeudaban la remuneración de noviembre, el feriado proporcional y lucro cesante por término anticipado del contrato.

Que su jornada era sin sujeción a limitación, conforme al artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo.

Sobre la vulneración de derechos fundamentales:

El 27 de septiembre de 2018 fue a una entrevista con SERGIO DÍAZ SILVA, gerente de la empresa y cónyuge de la representante legal. Fue aceptada y acordaron iniciar la relación laboral el 01 de octubre de 2018. Le presentaron a CATHERINE CAMPOS ACEVEDO, quien sería su asistente y había ingresado en agosto a la empresa.

No se le dio copia del contrato de trabajo ni recibió liquidación de remuneraciones.

El 03 de octubre de 2018, junto a otros compañeros de trabajo, fue testigo de cómo el gerente SERGIO DÍAZ SILVA increpaba con insultos al vendedor MARIO RIQUELME, que llevaba cuatro meses en la empresa, gritándole “weón”, "incompetente” y "acaso te tengo que hacer la pega” por no haber confeccionado unos presupuestos. A la demandante le constaba que MARIO RIQUELME había cumplido su labor e intentó explicárselo al gerente, quien le respondió a gritos “Tú no se meta” [sic].

Después supo que esos incidentes eran frecuentes por el carácter del gerente SERGIO DÍAZ SILVA, que solía reprender a los trabajadores de esa forma.

Al día siguiente, 04 de octubre de 2018, la demandante pidió al gerente SERGIO DÍAZ SILVA que le entregara los movimientos bancarios de respaldo de pagos a proveedores, porque él era el único con acceso a esa información. En presencia de otros trabajadores, ofuscado le respondió a gritos y voh para que me interrumpes, yo veré cuando te las paso, o acaso no eres contadora de verdad” [sic]. La demandante le pidió que no le increpara y le pasara la información para poder hacer su trabajo, resultando en mayor molestia de SERGIO DÍAZ SILVA quien se retiró de la oficina gritando “si no te gusta te vas”.

La demandante relata que desde entonces, a diario SERGIO DÍAZ SILVA respondía a gritos sus requerimientos de información necesaria para el desarrollo de su trabajo, y la insultaba diciéndole “floja”, “inservible”, “tontita”, “sacadora de vuelta” y otros, en presencia de otros trabajadores, generando un temor constante hacia él, perjudicando el desempeño de sus funciones. Agrega que sentía el mismo miedo cuando él vociferaba contra sus compañeros.

A fines de octubre de 2018, luego que la actora le representara irregularidades en el cumplimiento de obligaciones laborales, SERGIO DÍAZ SILVA le contestó a gritos, insultándola: “Puta la wea, aquí las cosas se hacen como yo digo, qué sabes tú de como tengo que llevar las cosas esta es mi empresa y aquí mando yo, así que voh hace lo que yo te diga, enfermita” [sic].

El 06 de noviembre de 2018 en la mañana, después que el gerente SERGIO DÍAZ SILVA ya había tenido varios desbordes de rabia, la representante legal VERÓNICA MABEL DÍAZ MONSALVES - cónyuge del gerente - informó a este que la cuenta del Banco Itaú estaba sobregirada. SERGIO DÍAZ SILVA reaccionó a gritos contra la demandante, quien intentó explicar que ella no manejaba la cuenta porque él, por desconfianza, nunca le entregó las claves y, por tanto, él era el único que las manejaba. Señala que esta situación “detonó toda su furia” y a gritos le espetó “retírate mejor, andai con la regla”.

La demandante relata que, llorando, tomó sus cosas para irse. Antes de retirarse, el gerente SERGIO DÍAZ SILVA le pidió que devolviera $29.000 (veintinueve mil pesos) de caja chica que se depositaban a la cuenta de la actora. Ella contó el efectivo del saldo y rindió la cuenta inmediatamente, pero el gerente le gritó “devuélveme mi plata”. La demandante respondió que no se ensuciaría las manos con dinero ajeno y se retiró a su domicilio.

Tuvo vómitos y mareos, por lo que acudió a atención de salud. Fue atendida por el médico Pablo Córdova, quien le diagnosticó "Trastorno de Ansiedad Generalizado”, prescribió tratamiento farmacológico y le otorgó una primera licencia médica desde el mismo día 06 hasta el 20 de noviembre de 2018, y después una segunda licencia desde el 21 de noviembre hasta el 02 de diciembre de 2018, ambas aprobadas y pagadas por Isapre Consalud, previo peritaje médico.

El 27 de noviembre de 2018 recibió en su domicilio una carta de aviso de término de contrato de trabajo, la que informaba el cese desde el 30 de noviembre de 2018 por causal de vencimiento del plazo. De inmediato llamó a la empresa porque el plazo de su contrato de trabajo era hasta el 31 de diciembre de 2018 y no el 30 de noviembre, al igual que el de su asistente CATHERINE CAMPOS. La propia CATHERINE CAMPOS le informó que la representante legal VERÓNICA DÍAZ MONSALVES había cambiado la segunda hoja del contrato de trabajo de la actora, para alterar la fecha de término desde la original 31 de diciembre al 30 de noviembre de 2018.

El 29 de noviembre de 2018 presentó el reclamó N°1313/2018/4238 ante la Inspección del Trabajo de San Bernardo, que terminó sin acuerdo en el comparendo de fecha 27 de diciembre del mismo año.
Acusa infracción a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, especialmente la integridad psíquica por hostigamiento, malos tratos y acoso laboral.

Cita doctrina jurídica y literatura científica psicosocial sobre el acoso laboral o mobbing.

Cita el artículo 5 del Código del Trabajo en cuanto dispone "El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”.

Menciona los siguientes hechos como indicios de vulneración a la integridad psíquica y de presencia de acoso laboral en su contra:

1. Hechos del 03 de octubre de 2018: gritos del gerente SERGIO DÍAZ SILVA contra la demandante, cuando ella intentó explicar la situación de un vendedor de la empresa.
2. Hechos del 04 de octubre de 2018: trabajadora pide las claves al gerente y este responde con gritos, insultos e indicación que se podía ir.
3. Desde el 05 de octubre de 2018 en adelante: insultos constantes a diario del gerente contra la demandante.
4. Fines de octubre de 2018: gerente SERGIO DÍAZ SILVA insulta y grita a la trabajadora luego que ella le hiciera ver incumplimientos laborales de la empresa.
5. Hechos del 06 de noviembre de 2018: insultos, gritos, denostaciones y petición destemplada de devolución de dinero de caja chica, tras información del sobregiro de una cuenta del Banco Itaú.
6. Reacción y repercusión en la salud física y mental de la actora.
7. 07 de noviembre de 2018: constancia ante Inspección del Trabajo.
8. 27 de noviembre de 2018: recepción de carta de despido.
9. 27 de noviembre de 2018: demandante se entera que el documento de su contrato de trabajo fue alterado por la representante legal para cambiar la fecha de vencimiento del plazo.

Alega que se le debe la remuneración de noviembre de 2018, y lucro cesante por la remuneración de diciembre de 2018 en razón del incumplimiento culposo por parte del empleador del plazo convenido en el contrato de trabajo.

Pide que se acoja la denuncia, se declare que su despido se produjo con vulneración de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, a causa de acoso laboral, y se condene a su ex empleadora al pago de las siguientes prestaciones:

1. Indemnización especial del procedimiento de tutela del artículo 489 del Código del Trabajo, en el máximo de 11 remuneraciones: $8.349.000 (ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil pesos).
2. Indemnización sustitutiva de aviso previo: $759.000.- (setecientos cincuenta y nueve mil pesos).
3. Remuneración de noviembre de 2018: $759.000.- (setecientos cincuenta y nueve mil pesos).-
4. Lucro cesante remuneración de diciembre de 2018: $759.000.- (setecientos cincuenta y nueve mil pesos).
5. Feriado proporcional: $90.504 (noventa mil quinientos cuatro pesos).
6. Reajustes, intereses y costas.

En subsidio interpone demanda por despido injustificado, basada en los mismos hechos, alegando haber sido sujeto pasivo de un despido injustificado, y pidiendo las mismas prestaciones. salvo la indemnización especial del procedimiento de tutela de derechos fundamentales.

3°. Síntesis de la contestación de la demanda.

Reconoce la fecha de inicio de la relación laboral y función contratada de "encargada de administración”.

Señala una jornada de 45 horas.

Controvierte el plazo de duración del contrato de trabajo. Alega que en realidad se pactó un plazo de 60 días hasta el 30 de noviembre de 2018. uso habitual para evaluar a trabajadores nuevos.

Por lo expuesto. alega que no procede la petición de pago de la remuneración de diciembre de 2018 por concepto de lucro cesante.

La remuneración se componía de sueldo base de $495.000, gratificación legal del artículo 50 del Código del Trabajo por $114.000, más colación y movilización por $75.000 cada una.

Niega cualquier deuda de remuneraciones y feriado proporcional, el cual fue pagado ante la Inspección del Trabajo.

Niega que hubiese adulterado una página del contrato de trabajo.

Niega que haya vulnerado los derechos fundamentales de la demandante.

Niega el relato de hechos contenidos en la denuncia.

Afirma que el trato dado a los trabajadores es "totalmente normal y ajustado a las normas básicas y de respeto que debe existir entre las personas y en especial en una organización empresarial”. Niega que haya habido acoso laboral.

Explica que las causas de no renovar el contrato de trabajo de la actora fueron su bajo rendimiento y la precariedad de sus conocimientos.

Cuestiona el certificado médico acompañado como antecedente a la denuncia porque el timbre es ilegible, el presunto médico Pablo Córdova no tiene especialización conocida en psiquiatría o neurología, no se explica la causa de la "ansiedad generalizada”, y se habría evaluado a la demandante el 06 de noviembre de 2019 para recién emitir el certificado el día 19 del mismo mes y año.

Pide que se rechace la denuncia de tutela de derechos fundamentales, con costas.

En cuanto a la demanda subsidiaria de despido injustificado, pide que se rechace porque la terminación de relación laboral se ajustó derecho pues se motivó en la causal de vencimiento del plazo del contrato de trabajo. Además se cumplió con la formalidad de informar el cese mediante carta certificada enviada al domicilio de la trabajadora indicado en el contrato de trabajo, y se dio aviso a la Inspección del Trabajo. Reitera la improcedencia del pago de lucro cesante, del pago de remuneraciones de noviembre y feriado.

4°. Audiencia preparatoria. Llamado a conciliación.

En la audiencia preparatoria, se llamó a las partes a conciliación, en cuyo marco el tribunal propuso como base el pago de $3.036.000. La parte demandante aceptó, pero la demandada no.

Se declaró frustrada la conciliación.

5°. Audiencia preparatoria. Recepción de la causa a prueba.

Una vez frustrado el llamado a conciliación, se debe recibir la causa a prueba, estableciendo cuáles son hechos pacíficos, no controvertidos o fuera de discusión, y cuáles son los hechos a probar o controvertidos, sobre los que las partes deberán rendir prueba que demuestre sus afirmaciones.

Se fijaron los siguientes hechos no controvertidos:

1. Existencia de relación laboral entre las partes desde el 01.10.2018 hasta el 30.11.2018.
2. Que el contrato de trabajo era a plazo.
3. Que la demandante fue contratada como encargada de administración.
4. Que la jornada era de 45 horas.
5. Que la remuneración era de $759.000.
6. Que la relación laboral terminó por despido, para el cual el empleador invocó el término del plazo al 30 de noviembre de 2018.

Se fijaron los siguientes hechos a probar:

1. Fecha hasta la que se extendía el plazo pactado por las partes al celebrar el contrato de trabajo.
2. Trato y dinámica relacional entre jefaturas, especialmente SERGIO DÍAZ SILVA, la demandante y compañeros de trabajo, durante la relación laboral de la actora.
3. Cláusulas y contenido del contrato de trabajo de Catherine Campos, en especial el plazo a que fue pactado.
4. Hechos ocurridos el 06 de noviembre de 2018, causas y circunstancias.
5. Forma, causa y circunstancias del término de la relación laboral.
6. Estado de pago de la remuneración de noviembre de 2018.
7. Estado de uso y/o compensación del feriado.

6°. Audiencia de juicio. Prueba de la parte denunciante.

La defensa de la trabajadora denunciante ha rendido la siguiente prueba en sostén de sus pretensiones y alegaciones:

I. DOCUMENTAL:

1. Carta de aviso de término de contrato de trabajo, enviada por la demandada, fechada 27 de noviembre de 2018.
2. Sobre con sello de Chilexpress, que contenía carta de despido dirigida a la demandante.
3. Constancia realizada ante Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo, de fecha 07 de noviembre de 2018.
4. Informe médico emitido por el facultativo Pablo Córdova Córdova, de fecha 19 de noviembre de 2018.
5. Receta médica, extendida por el facultativo Pablo Córdova Córdova a la demandante, de fecha 06 de noviembre de 2018.
6. Comunicación escrita de médico contralor de Isapre Consalud, fechada 29 de Noviembre de 2018, en que cita a la demandante a peritaje médico a realizarse el día 05 de diciembre de 2018.
7. Correos electrónico de fechas 12 y 19 de diciembre de 2018, desde la casilla electrónica al correo electrónico de la demandante.
8. Ingreso Reclamo ante la Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo N°1313/2018/4238, de fecha 29 de Noviembre de 2018.
9. Acta de Comparendo ante la Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo, de fecha 27 de Diciembre de 2018, respecto de reclamo N°1313/2018/4238.
10. Certificado de cotizaciones de la demandante emitido por AFP Modelo de fecha 11 de Enero de 2019, periodo Enero de 2018 a enero de 2019.
11. Certificado de cotizaciones pagadas de la demandante emitido por Isapre Consalud S.A. de fecha 31 de Enero de 2019, periodo Noviembre de 2017 a Diciembre de 2018.
12. Certificado de cotizaciones AFC Chile, de fecha 11 de Enero de 2019, correspondiente al periodo años 2018 y 2019.

II. CONFESIONAL:

1. Comparece a absolver posiciones la representante legal de la denunciada doña VERÓNICA MABEL DIAZ MONSALVEZ, bajo el apercibimiento legal.

III. TESTIMONIAL:

1. CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO, Rut N°17.225.697-K, asistente administrativa, domiciliada en Pasaje Las Turquesas N°1024, comuna de Talagante.
2. JUAN PABLO TAPIA ORTEGA, Rut N°19.092.134-4, técnico en administración de recursos humanos, domiciliado en Pasaje Cerro Challay N°699, Villa Los Jardines, comuna de Paine.

IV. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS.

1. Contratos de Trabajo y anexos suscritos por las partes durante la vigencia de la relación laboral.
i. Demandada. exhibe su documento N°1.
ii. Demandante: se aprecia a simple vista que la página 2 tiene menos perforaciones en la esquina superior izquierda que el resto de las hojas. La única firma original es la última. La otra es una imitación.
2. Liquidaciones de sueldo de la denunciante meses de Octubre y Noviembre de 2018.
i. Demandada: exhibe su documental N°5.
ii. Demandante: incorpora.
3. Comprobantes del diligenciamiento de licencias médicas de la denunciante en el periodo trabajado.
i. Demandada: exhibe dos hojas de fechas 06.11.2018 y 21.11.2018.
ii. Demandante: incorpora.
4. Comprobante de otorgamiento del feriado de la actora por los periodos ya señalados.
i. Demandada: pagada ante Inspección del Trabajo.
ii. Demandante: incorpora.
5. Registro de asistencia de la denunciante desde el día 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre mismo año.
i. Demandada: exhibe (documento nuevo compuesto de cuatro hojas impresas).
ii. Demandante: incorpora.

V. OFICIOS:

1. ISAPRE CONSALUD S.A., a fin de que informe respecto de la denunciante DOMINIQUE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ:
a.- Número de licencias médicas extendidas a la demandante durante el periodo octubre y noviembre de 2018, duración de cada una de ellas, y diagnóstico médico en que se sustentan.
b.- Realización de Peritajes médicos a la demandante, por instrucción de Contraloría Médica de la Isapre, en relación licencias médicas del periodo octubre y noviembre de 2018, perito interviniente y su especialidad, resultados de los peritajes. c.- Resoluciones dictadas por la Isapre en mérito de los ya referidos peritajes pronunciándose respecto de la tramitación y pago de las señaladas licencias médicas.
i. Oficio SGS-RE/1 0918/2019 fechado en Santiago, el 20 de mayo de 2019.-

7°. Audiencia de juicio. Prueba de la parte denunciada.

La defensa de la empresa denunciada ha rendido la siguiente prueba en este juicio:

I. DOCUMENTAL:

1. Contrato de trabajo de la demandante (CUSTODIA).
2. Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo.
3. Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 6 de noviembre de 2018, por 15 días.
4. Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 21 de noviembre de 2018, por 12 días.
5. Liquidación de remuneración del mes de octubre de 2018.
6. Cotizaciones previsionales de octubre y noviembre de 2018.
7. Carta certificada de aviso de no renovación de contrato enviada a la trabajadora, con el respectivo comprobante.
8. Carta de aviso de no renovación de contrato enviada a la Inspección del trabajo.
9. Comprobante de transferencia por la suma de $74.250 de fecha 27 de diciembre de 2018.

II. CONFESIONAL:

1. Compareció a absolver posiciones a la denunciante de autos DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

III. TESTIMONIAL:

1. SERGIO LEONARDO DIAZ SILVA, C.I. N° 5.594.034-7, empleado, domiciliado en Doctor Barros Borgoño 246, Providencia.
2. LUIS HERNÁN VILLAGRÁN LAUREL, C.I. 8.587.582-5, empleado, supervisor de producción, domiciliado en Villa Madrid Osorio, Pasaje H N°10, comuna de San Bernardo.
3. RODRIGO GABRIEL JILO REYES, técnico en construcciones metálicas, domiciliado en Los Álamos N° 130, Villa San Agustín, comuna de Calera de Tango.
IV. OFICIOS:
1. ISAPRE CONSALUD, a fin de que informe a este Tribunal las sumas recibidas por concepto de licencia médica correspondiente al año 2018, por doña DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.I. N° 17.781.490-3 i. Mismo que la demandante.
8°. Audiencia de juicio. Prueba ordenada por el tribunal.
En ejercicio de sus facultades, el tribunal ordenó de oficio que se rindiera la siguiente
prueba:

I. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

a. Respecto a la denunciada:
i. Contrato de Trabajo de doña Catherine Campos Acevedo, RUT 17.225.697-K, y su eventual finiquito o carta de despido.
1. Demandada: no exhiben.

II. DOCUMENTAL:

a. Agregar la información histórica de PREVIRED de la trabajadora Catherine Campos Acevedo, RUT 17.225.697-K; agréguese a los autos vía interconexión y por ministra de fe del tribunal. i. Se incorpora documento.

II.- Consideraciones de Hecho y de Derecho para Resolver el Caso.


9°. Explicación sobre cómo se desarrollará la sentencia en lo sucesivo.

Para resolver este caso, primero trataremos la presunta vulneración de derechos fundamentales, es decir la acción de tutela de derechos fundamentales vulnerados con ocasión del despido, atendiendo a cuál es la hipótesis de la denuncia. Hacemos presente que la demandante alega que sufrió acoso laboral y conculcación del derecho a la integridad psíquica.

Dentro de este tema, y siguiendo los puntos de prueba, trataremos acerca de cuál era la naturaleza del contrato de trabajo, y sobre el despido y el periodo previo, especialmente en la interacción entre la trabajadora demandante y el gerente SERGIO DÍAZ SILVA, conforme a las teorías del caso y la prueba rendida en juicio.

En caso de haber prueba, aún indiciaría, sobre hechos relevantes para la teoría del caso de la parte denunciante, entonces deberá la denunciada explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, como dispone el artículo 483 del Código del Trabajo.

Si se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales, habrá que ordenar el pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y especial de tutela del artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo.

Respecto al pago de remuneración de diciembre de 2018 como expresión de indemnización por lucro cesante, dependerá de lo que concluyamos respecto al tipo de contrato de trabajo.

Al final trataremos sobre el feriado.

Si se rechaza la denuncia de tutela de derechos fundamentales, pasaremos a la demanda subsidiaria por despido injustificado. En ese caso, podremos volver sobre la modalidad del contrato de trabajo y el cumplimiento de las formalidades de terminación de la relación laboral. Con lo anterior, podremos calificar esos hechos y saber si proceden la indemnización sustitutiva de aviso previo y la indemnización por lucro cesante. Trataremos al final sobre el feriado.

10°. Prueba sobre afectación de salud.

La denuncia se sostiene en una serie de hechos que serían, al menos, indiciarios de la vulneración.

La denunciante alega maltrato de parte del gerente SERGIO DÍAZ SILVA, relatando una serie de incidentes ocurridos entre octubre y noviembre de 2018, y que ocasionaron secuelas en su salud, obligándole a requerir asistencia profesional.

A continuación, encontramos prueba que demuestra que sí hubo una afectación de salud respecto de la demandante, y que al análisis de un profesional externo - un doctor distinto de quien trató a la actora en primer lugar - impresionaba de origen laboral.

La documental N°3 "Constancia realizada ante Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo, de fecha 07 de noviembre de 2018” da cuenta de una actuación administrativa en que compareció la demandante en la fecha señalada, y describe los hechos que después aparecen en la demanda. Señala que recibe malos tratos desde octubre de 2018, que su jefe SERGIO DÍAZ le grita, la acusa de robo de dinero de la caja chica, la obliga a ejecutar actos ilegales y es objeto de una presión excesiva que la obligó a acudir al médico, que le dio licencia médica por estrés laboral. También dejó constancia que al ir a dejar la licencia, el empleador no la quiso recibir.

La documental de la demandante N°4 "Informe médico emitido por el facultativo Pablo Córdova Córdova, de fecha 19 de noviembre de 2018” efectivamente contiene un formato de receta médica en que se lee manuscrito que quien suscribe informa que atendió a la demandante el 06 de noviembre de 2018 por cuadro de angustia, insomnio, nerviosismo, irritabilidad de tres semanas de evolución, que fue atendida por psicóloga y derivada a médico, que le diagnosticó trastorno de ansiedad generalizado, le recetó ansiolíticos y le dio licencia por quince días. Relacionado con el anterior está el documento N°5 "Receta médica, extendida por el facultativo Pablo Córdova Córdova a la demandante, de fecha 06 de noviembre de 2018” en que se aprecia una receta médica del día en que se efectuó la consulta, es decir, el 06 de noviembre de 2018, y en que el médico Pablo Córdova prescribe terapia farmacológica a la actora, a saber, clonazapam por las noches en dosis de 0,5 mg.

Es decir, los documentos N°5 y N°6 con coherentes entre sí, y demuestran la asistencia de la trabajadora donde el profesional.

De la experiencia de quienes vivimos en esta sociedad, se sabe que es muy difícil encontrar una hora de consulta médica para un especialista que atienda el mismo día en que se hace la búsqueda; de hecho en el sistema público es casi imposible y en el privado, muy difícil. Eso hace lógico que la trabajadora haya acudido a un médico cuya especialidad es "medicina familiar”, según consta en las licencias médicas exhibidas por la demandada, incorporadas por esta y en la información que proveyó el oficio de la ISAPRE CONSALUD.

No es necesaria la especialización que exige la demandada (psiquiatría o neurología) para que un médico pueda diagnosticar un cuadro como el descrito; agregamos que la terapia farmacológica es de menor intensidad y evidentemente pasajera pues se prescribe solamente por quince días.

Luego los documentos de la demandante N°6 "Comunicación escrita de médico contralor de Isapre Consalud, fechada 29 de Noviembre de 2018, en que cita a la demandante a peritaje médico a realizarse el día 05 de diciembre de 2018” y N°7 "Correos electrónicos de fechas 12 y 19 de diciembre de 2018, desde la casilla electrónica al correo electrónico de la demandante” dan cuenta que efectivamente hubo una licencia cursada en favor de la actora desde el 06 al 20 de noviembre de 2018. Primero, se le citó a un peritaje médico respecto a la licencia 2018293095, y luego la institución le comunica que fue aprobada y se autorizó su pago. Las fechas de periodo de reposo al que se refiere la licencia, corresponden al del relato de la demanda y al del informe del médico.

Las documentales de la empresa N°3 "Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 6 de noviembre de 2018, por 15 días” y N°4 "4. Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 21 de noviembre de 2018, por 12 días” demuestran que efectivamente dichas licencias se concedieron.

También se demuestra que el profesional que las otorgó era médico, de especialidad medicina familiar.

Por tanto, hay evidencia acreditada que la actora acudió a atención de salud el 06 de noviembre de 2018, fue atendida por un profesional médico y fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, a causa de presentar síntomas de angustia, insomnio, nerviosismo e irritabilidad de tres semanas de evolución, que son las causas del diagnóstico. Luego, el profesional le receta fármacos, demostrado con la receta y la información que después provee el informe pericial de control (oficio ISAPRE), y otorga una licencia médica del 06 al 20 de noviembre de 2018.

También está probado que al día siguiente, la demandante deja constancia ante la Inspección del Trabajo que su licencia no fue aceptada a tramitación por el empleador, y efectúa un relato de la situación vivida.

Esta atención profesional sería sometida a análisis y escrutinio pues la segunda licencia fue rechazada. Leemos del Oficio de la ISAPRE CONSALUD que hubo una pericia médica, a cargo de otro profesional, pero de especialidad psiquiatra, quien concluyó que tanto el diagnóstico como el tratamiento prescrito eran adecuados y correctos, autorizando el pago de las licencias.

En el Informe Pericial adjunto al Oficio de la ISAPRE CONSALUD se lee que la paciente presentó 2 licencias médicas, ambas por trastorno de ansiedad generalizada. Al examen físico y/o mental, se apreció lúcida, vigil, orientada temporo-espacialmente, con un aspecto acorde con situación y edad cronológica, que se adecúa y coopera en la entrevista, con contacto y lenguaje adecuados, y un relato atingente. El profesional agrega que observó afectividad modulada y concordante con contenidos del relato, algo ansiosa al relatar conflictiva, sin labilidad, inhibición o desvitalización evidenciable, psicomotricidad sin alteraciones, y pensamiento sin alteraciones de curso formal o velocidad.

En cuanto a los contenidos, el profesional que efectuó esta evaluación destacó un relato de situación de maltrato laboral, que evoluciona con sintomatología ansioso fóbica y en último período fenómenos de somatización e irritabilidad, sin ideas delirantes, sin ideación suicida, sin alteraciones sensoperceptivas y juicio de realidad conservado.

La conclusión del peritaje es la siguiente:

“Conclusión peritaje:

Trastorno adaptativo ansioso.

Paciente cursando con sintomatología ansiosa asociada a fenómenos de somatización, que impresiona adaptativa a estresores laborales descritos, y que le reportó merma funcional significativa. Con reposo y tratamiento evoluciona favorablemente. Actualmente escasamente sintomática.

Reposo cumplido impresiona justificado, En relación a lo descrito y a ausencia de otros estresores cuadro actual impresiona de origen laboral. ”

La información recabada en estos medios de prueba demuestra que la actora acudió a atención médica el día 06 de noviembre de 2018, presentando un cuadro de ansiedad generalizado que, a fin de cuentas, representa una afectación de su salud mental, con un cuadro y sintomatología que fue evaluada por dos profesionales, uno de ellos de especialidad medicina familiar y el otro psiquiatra, concluyendo ambos que impresionaba como de origen laboral y que justificaba tanto el tratamiento como el descanso por medio del otorgamiento de dos licencias médicas, una de 15 y otra de 12 días.

11°. Prueba sobre maltrato del gerente a la trabajadora.

En este punto, tenemos un relato conteste de la demandante con la testigo CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO. La versión de la demandante se mantiene constante desde las ocasiones en que acudió a la atención médica, a dejar constancia a la Inspección del Trabajo y cuando le hicieron el peritaje psiquiátrico.

CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO declaró que trabajó para la demandada como asistente administrativa desde agosto de 2018 a enero de 2019 y que el gerente SERGIO DÍAZ era el jefe directo y presentaba conductas de tratos no apropiados con los trabajadores: “trato humillante, autoritario, menoscababa a la gente, nos trataba con gritos muchas veces, palabras humillándonos ‘supongo que trabajo con gente inteligente’ cuando las cosas no estaban nos trataba de tontas”.

Relata que con la demandante se comportaba igual, por ejemplo a la actora le correspondía llevar las cuentas, y cuando él no tenía muy claro el asunto, si algo se pasaba, la trataba mal, gritaba y decía “supongo que trabajo con gente inteligente, que sabe lo que hace”.

CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO declaró que ella no asistió a trabajar el día 06 de noviembre de 2018, y al volver al día siguiente, SERGIO DÍAZ le dijo “esta mina es loca menos mal que se fue”. Agrega que a los hombres los trataba a garabatos y a gritos “a mí en mi caso particular tratando de decir que éramos tontas, que no sabíamos lo que hacíamos, que él las haría mejor”, y que la forma era la que daba el contexto para sentir que era un insulto. Declaró al efecto que SERGIO DÍAZ SILVA decía “yo supongo que Ud. sabe lo que hace, que trabajo con gente inteligente” y que, para ella, eso era un insulto.

Recordemos que la demandante y CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO llevaban muy poco tiempo trabajando; la demandante llevaba unos días (a lo sumo un mes) y la testigo CAMPOS a lo más un par de meses. No es posible atribuir un error interpretativo o que hubiese algún grado de confianza que permitiera dicho trato. Consideremos además que el psiquiatra evaluador, ha descrito a la demandante como una persona adecuada en su comunicación y desenvolvimiento, sin alteraciones sensoriales ni de percepción, y con juicio de realidad conservado.

El relato del testigo JUAN PABLO TAPIA ORTEGA, pareja de la actora, confirma lo expuesto, pues reporta que la demandante le dio información coherente con las situaciones referidas por la actora y la testigo, en los mismos periodos.

12°. Prueba sobre trato correcto del gerente a la trabajadora.

En el tema del trato dado por el gerente SERGIO DÍAZ SILVA a los trabajadores tenemos testimonios en contrario de los ya analizados, partiendo por la declaración del propio SERGIO DÍAZ SILVA que evidentemente rechazó estas imputaciones, la de su cónyuge que es también la representante legal de la empresa y en esa calidad compareció a absolver posiciones, y agregamos a ello los testigos LUIS HERNÁN VILLAGRÁN LAUREL y RODRIGO GABRIEL JILO REYES , que son trabajadores de la empresa y que niegan que hubiese algún tipo de maltrato respecto a la demandante.

Evidentemente hay una confrontación entre las versiones que aportan los testigos y absolventes.

13°. Definición sobre trato del gerente a la demandante.

A fin de cuentas son diversos medios de prueba que aportan información contraria y, para definir el asunto, estamos obligados a tomar alguna decisión al respecto.

Hay muchos factores, elementos o parámetros que pueden permitirnos adoptar dicha decisión, por ejemplo quienes son un mayor número o quienes estuvieron más cerca de los hechos, u otras reglas referidas a los testimonios en sí mismos.

Pero hay un elemento que solamente es apreciable en la declaración en la audiencia y que es irreproducible Incluso en la escucha de audio, y corresponde a la reacción del testigo trabajador de la empresa al ser consultado, donde su respuesta en favor de su jefe - a la sazón en favor del representante legal de la demandada - es, por decir lo menos, mecánica o robótica, carente de toda emotividad correlativa al lenguaje verbal.

Por el contrario las declaraciones de CATHERINE CAMPOS y de la absolvente presentan mucha consistencia entre la emoción transmitida y su estado de ánimo, para con las palabras del relato verbal.

Agregamos que hay otros antecedentes que confirman. Uno de ellos es que la demandante efectúa el mismo relato a profesionales de salud, uno de los cuales era psiquiatra, quién concluyó que el relato impresionaba como de un trastorno de ansiedad generalizado creíble y que impresionaba de fuente laboral.

Además, hay otros antecedentes que también confirman que el relato de la actora y su testigo CATHERINE CAMPOS tiene asidero en más medios de prueba. Como por ejemplo, el hecho de haber acudido atención de salud, el relato del marido (testigo JUAN PABLO TAPIA) y la constancia ante la Inspección del Trabajo efectuada el día en que fue a dejar la primera de las licencias médicas.

Queremos hacer hincapié en que la observación efectuada por el profesional de salud psiquiatra no es una apreciación común y corriente que haría cualquier espectador, sino que corresponde a un juicio profesional emitido por una persona calificada técnicamente para la apreciación de relatos de pacientes, y más aún en el rol que cumplía dicho médico como contralor del diagnóstico efectuado por un colega suyo, quien estaba cuestionado por la ISAPRE cuyos medios administrativos habían sugerido reducir los días de reposo.

En consecuencia tenemos dos versiones, pero una de ellas respaldada en la declaración de una testigo que dio razón de sus dichos, manifestó elocuencia y detalles en el relato, y fue conteste con la exposición de la actora, sumado a los antecedentes médicos - relato avalado por profesionales de la salud - y actuaciones administrativas de la demandante consistentes con su relato, además de la impresión de coherencia en el relato verbal con el correlato no verbal.

Los antecedentes expuestos son suficientes para que tengamos por acreditado al menos en el estándar indiciario que hubo trasgresión a los límites aceptables de las conductas de trato verbal en el trabajo por parte del gerente SERGIO DÍAZ SILVA contra la actora, hechos que son indicios de vulneraciones a la integridad psíquica y a la dignidad de la persona trabajadora, por cuanto es inaceptable e inadmisible que en un ambiente de trabajo de oficina desarrollado en la cultura laboral de nuestra época, una persona en posición de jefatura pueda calificar a sus subalternos como "tonta”, "tontita”, "acaso no son inteligentes”, "locas” o referencias discriminatorias por género que asocian categorías de descontrol emocional al género femenino, incluso atribuyéndolo a ciclos hormonales.

Tenemos como indicio el trato acreditado respecto a la demandante y las afectaciones de salud que presentó.

Corresponderá a la demandada probar que las actuaciones efectuadas se ejecutaron en el marco de las facultades que la ley reconoce al empleador, y que se desplegaron legítimamente dentro de la licitud el derecho les reconoce.

14°. Alteración del texto del contrato de trabajo.

Tenemos otro elemento de prueba que da cuenta de un antecedente de hecho del relato de la demanda, el que se ve confirmado, como explicaremos a continuación.

Recordemos que parte importante del relato de la demanda y su teoría del caso, se basaba en que el ejemplar del contrato de trabajo de la actora había sido reemplazado en sus páginas pertinentes por otras nuevas, para indicar un plazo de vencimiento distinto del pactado inicialmente. Es decir, el contrato originalmente decía que el plazo de vencimiento era el 31 de diciembre de 2018 y la empleadora habría adulterado la materialidad del contrato para que el nuevo "ejemplar” dijese que el plazo vencía el 30 de noviembre. La demandada negaba totalmente tal afirmación y cuestionaba el porqué la demandante no obtuvo ella su propia copia del contrato de trabajo, si ella estaba a cargo de esos asuntos.

Apreciado el ejemplar del contrato de trabajo - documento que se ha guardado en custodia durante todo el juicio - se observa una peculiaridad que da pie a la versión de la demandante.

Para explicar cuál es esta característica tan especial, apelaremos a la experiencia de cada lector respecto a la manipulación de cualquier documento en papel que tenga más de una hoja y que se una con corchetes. Todos hemos tenido nuestras manos algún ejemplar de una demanda, un contrato, sentencias, facturas, órdenes de compra, licencias médicas, recetas, certificados de notas o cualquier otro documento compuesto de más de una hoja, las que se unen una a la otra por un simple corchete puesto en la esquina superior izquierda. Si nosotros doblamos ese documento en dos o en cuatro partes con el fin de guardarlo en un bolsillo, echarlo en un sobre o simplemente como parte de la manipulación, obviamente todas sus hojas tendrán el mismo doblez, pues se verán sometidas a idénticas presiones. El papel no es como el género que vuelve a su posición original, pues el papel queda marcado por los dobleces. Lo mismo debiese ocurrir con el ejemplar de contrato de trabajo cuestionado por la demandante. Es decir, si hubiese un doblez en la hoja 1 debiese repetirse en las hojas N°2, N°3 y N°4. Sin embargo, con el contrato de trabajo ocurre que la hoja uno está ajada y doblada en cuatro partes, con evidentes signos de aquellos dobleces que se aprecian materialmente al mirarla y al tocarla. Y así como la hoja N°1 presenta rastros de aquella manipulación pues se aprecian cuatro dobleces, las hojas N°2, N°3 y N°4 están incólumes y no tienen señal alguna de haber sido jamás dobladas, manipuladas e, incluso, cuentan con menos orificios de corchetes que la hoja 1. No hay forma que aquello pueda ocurrir si las cuatro hojas hubiesen estado siempre unidas y siempre sometidas a los mismos vaivenes de manipulación.

Por lo tanto, se impone por lógica que las hojas N°2, N°3 y N°4 tienen un origen diverso a la hoja 1 y muy probablemente sean temporalmente posteriores, pues se aprecian más nuevas. La hoja N°2 es la que contiene escrita la cláusula que establece el plazo y, por tanto, las sospechas sembradas con la denuncia de adulteración del ejemplar de contrato de trabajo, se ven confirmadas.

Agregamos a lo anterior que la testigo CATHERINE CAMPOS declaró que su jefa la mandó a imprimir nuevamente esas hojas del contrato de trabajo.

Si bien no podemos afirmar con un nivel de certeza más allá de toda duda razonable que ha habido una falsificación (tampoco es nuestro rol), sí podemos sentenciar que, apreciado conforme a la sana crítica, dicho ejemplar pierde valor probatorio y es desechado como tal.

El hecho que la demandante no tuviese una copia del contrato de trabajo podría ser atribuible a su propia responsabilidad, pues ella era la encargada de la ejecución práctica de las relaciones laborales. Sin embargo, ese hecho en nada altera que se hubiese alterado el ejemplar del contrato de trabajo que fue acompañado al juicio. Por el contrario, si la actora hubiese tenido su copia del contrato, probablemente habría facilitado la tarea de valoración del instrumento y la conclusión de restar peso probatorio al ejemplar presentado por la empresa.

Como dato que confirma lo expuesto, agregamos que el tribunal ordenó a la demandada exhibir el contrato de trabajo de CATHERINE CAMPOS, cuya relación laboral se habría extendido hasta diciembre de 2018, y que según el relato de la demanda habría sido contratada hasta el 31 de diciembre de 2018, mismo plazo que la actora. No obstante haber sido ordenado por el propio juez de la causa, la demandada y su defensa no presentaron el contrato. Esta falta en la exhibición de documentos, lleva a que se aplique a su respecto el apercibimiento del artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, teniendo por probadas las alegaciones de la demandante al respecto.

Este es otro elemento más que lleva a concluir que el ejemplar del contrato de trabajo incorporado por la empresa, carece de valor probatorio respecto al plazo invocado por la demandada. La posibilidad que se hubiese adulterado un documento privado para presentarlo un juicio - delito del artículo 203 del Código Penal - nos obligará a denunciar la situación ante el Ministerio Público para que este, ejerciendo sus competencias conozca el asunto y determine lo que estime pertinente.

15°. Conclusión respecto a la acción de tutela de derechos fundamentales.

Luego de todos estos razonamientos respecto a la presencia de indicios de vulneración y de inconsistencias en la defensa de la demandada, correspondería que hubiese algún tipo de justificación de parte de la empresa por la conducta de la jefatura.

En la prueba rendida no hay justificación alguna al respecto, por lo que la denuncia deberá ser acogida pues la empleadora ha incurrido en trasgresión al derechos fundamentales de la actora a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Debe tenerse presente que cada ambiente de trabajo y cada actividad tiene una cultura organizacional, la cual lleva ínsita, determinando en qué forma se tratarán las personas que laboran allí. No es igual el trato que se deben trabajadores y jefaturas en un plantel de fútbol profesional, en una construcción de un edificio, en un bar, en un colegio destinado a la educación de niños o en un centro de salud donde trabajan profesionales. La exigencia para el colegio o el centro de salud es de mayor estándar en el respeto, en el uso de las palabras, en el volumen de voz, en la forma de las órdenes, en el contenido gestual de los mensajes a diferencia de los otros ejemplos que se han mencionado. El futbolista podrá incluso usar lenguaje coprolálico con sus compañeros y hasta con su jefe, lo mismo que suele ocurrir en la construcción donde muy extraño sería que un capataz pida a un jornal que "por favor” ejecute cierta tarea, en lugar de simplemente dar la orden de modo firme y cortante, o la horizontalidad en el trato que generan ciertas actividades. En los ambientes profesionales formales, la exigencia es otra y no ha sido cumplida por la denunciada.

Se condenará a la demandada al pago de la indemnización de tutela de derechos fundamentales en la suma de seis remuneraciones; agregamos que también se ordenará el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, al haberse desechado la acreditación de la concurrencia de la modalidad de contratación a plazo, cuya carga correspondía a la empleadora por tratarse de una forma excepcional de contratación laboral. Asimismo, al haberse desechado el valor probatorio del contrato de trabajo, operará la presunción del artículo 9 del Código del Trabajo, teniéndose por plazo del contrato de trabajo el 31 de diciembre de 2018, lo que da derecho al pago de la indemnización por el mes de diciembre de 2019, debido a que correspondía a un legítimo derecho ya incorporado al patrimonio de la actora, el que se vio incumplido por la conducta contraria a derecho de la empleadora.

16°. Remuneración y feriado.

Respecto a la remuneración de noviembre de 2018, contamos con que la actora gozó de licencia médica desde el 6 de noviembre en adelante por lo que debieran solamente ser remunerados los 5 primeros días del período considerando una remuneración de $759.000 y visto que hay acreditación del pago mediante documental N°9 de la demandada "Comprobante de transferencia por la suma de $74.250 de fecha 27 de diciembre de 2018”, que demuestra una transferencia de fondos a la cuenta de la trabajadora, es que se declara que este concepto ya está pagado. Por tanto se debe rechazar la demanda a su respecto.

En cuanto al feriado proporcional también está pagado según se aprecia del acta de comparendo de la Inspección del Trabajo, en que la demandada pagó $74.250.-

III.- Resolución del Caso.


Por las consideraciones precedentes y visto lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 9, 10, 43, 160, 162, 168, 172, 420 y siguientes, 451, 453, 454 del Código del Trabajo, artículo 1698 del Código Civil, y artículos 1, 3 y 19 N°1 de la Constitución Política de la República, SE RESUELVE:

I.- Que se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales por vulneración del derecho a la integridad psíquica.

II.- Que se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:
A.- Indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo en el monto de seis remuneraciones: $4.554.000.-
B.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, $759.000.-
C.- Remuneración de diciembre de 2018 (lucro cesante), $759.000.-

III.- Que se rechaza la demanda en todo lo demás, y no se emite pronunciamiento sobre la demanda subsidiaria por innecesario.

IV.- Que, las sumas que se han ordenado pagar deberán ser solucionadas aplicándose reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.- Advirtiendo la posible comisión de un delito del artículo 203 del Código Penal por falsificación de instrumento privado, deberá oficiarse al Ministerio Público de esta ciudad para efectuar la correspondiente denuncia, una vez que esta sentencia esté ejecutoriada.

VI.- Que, atendido lo resuelto, cada parte soportará sus costas.-

Regístrese y notifíquese.

RIT T-27-2019
RUC 19- 4-0171042-9


Fuente de Referencia


Portal del Poder Judicial de Chile. (2019). "Poder Judicial".