Jurisprudencia: Corte acoge indemnización por accidente


Tercera Sala de la Corte Suprema rechaza recurso de casación y ordena pagar indemnización al Hospital de Santa Cruz por accidente laboral de trabajadora.

Jurisprudencia: Corte acoge indemnización por accidente laboral

Datos del Proceso.


Jurisprudencia: Derecho Civil
Materias: Indemnización de Perjuicios; Accidente Laboral; Excepción de Prescripción Extintiva.
Procedimiento: Recurso de Casación en el Fondo.
Tribunal: Tercera Sala de Corte Suprema
Rol: 22878-2015
Demandante: Lucía Mafalda Gajardo Soto
Demandado: Hospital de Santa Cruz
Sentencia de Corte Suprema: Rechaza recurso
Estado de Causa: Terminada
Recursos: Apelación
Corte de Apelaciones: Rancagua
Rol: 2923-2014
Sentencia de Corte de Apelaciones: Acoge demanda civil indemnizatoria.
Tribunal de 1° Instancia: 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua
Rol: C-1799-2013

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Contenido de la Sentencia.

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Vistos:

En estos autos Rol N° 22.878-2015 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Salud O'Higgins, éste dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Rancagua que, revocando la de primera instancia, decidió acoger la demanda.

La actora, Lucía Mafalda Gajardo Soto, refiere en su libelo que se desempeña como matrona en el Hospital de Santa Cruz, donde comenzó a prestar servicios profesionales en el año 1975. Señala que en el mes de junio de 2003, mientras se dirigía a su turno de la tarde, fue impactada en la calle por un perro en su pierna izquierda, cayendo al suelo, golpe que le provocó fractura de tibia, peroné y tobillo izquierdo, lesiones que califica como originadas en un accidente laboral de trayecto. Expresa que en la Asociación Chilena de Seguridad fue intervenida quirúrgicamente, teniendo un largo proceso de recuperación, debiendo ser sometida a una segunda cirugía pues las lesiones sufridas dificultaban su caminar y le generaban un dolor difícil de soportar.

En consecuencia, añade, que las licencias médicas que le fueron otorgadas lo han sido por causa laboral y no por enfermedad común. Sin embargo, por Resolución N° 245 de 24 de octubre de 2006, dictada por el Director del Servicio de Salud O'Higgins, fue desvinculada de su cargo, aduciéndose que adolecía de salud incompatible con el desempeño de sus funciones por haber tenido licencias médicas por más de seis meses, en circunstancias que las licencias médicas que se fundan en patologías de origen laboral no pueden computarse para los efectos de la causal de salud incompatible que le fue invocada.

Por sentencia de primera instancia pronunciada por el Primer Juzgado Civil de Rancagua con fecha once de septiembre de dos mil catorce, se acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción opuesta por el demandado. Para adoptar tal determinación, se razonó que el hecho dañoso no es otro que la decisión tomada por el Servicio de Salud O'Higgins de separarla de sus funciones como matrona del Hospital de Santa Cruz, la cual se concretó a través de la Resolución N° 245 de 24 de octubre de 2006, notificada a la afectada el 4 de enero de 2007. Plantea a continuación la juez a quo que la demandante, no obstante sostener que la aludida Resolución N° 245 se encontraba afectada desde su inicio por un vicio de nulidad de derecho público, no instó para que dicha nulidad fuese declarada judicialmente y allí obtener la indemnización de los perjuicios causados, sino que optó por perseguir su invalidación en sede administrativa, lo que finalmente obtuvo al emitirse por la Contraloría Regional el Dictamen N° 3311/2009, el que ordenó dejar sin efecto la anterior resolución emanada del Servicio de Salud O'Higgins. En tal sentido, discurre la sentenciadora de primer grado, a la luz de lo dispuesto en los artículos 54 y 60 de la Ley N° 19.880, la reclamación administrativa y el efecto interruptor que la misma produce, sólo guarda relación con la acción judicial que se dirija a obtener la invalidación del aludido acto administrativo, pero no con la acción para perseguir la responsabilidad extracontractual del Servicio de Salud por un acto dictado con infracción de ley, que fue la impetrada en autos.

Expresa la jueza que siendo la acción indemnizatoria de naturaleza patrimonial, prescribe en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto, conforme el claro tenor literal del artículo 2332 del Código Civil, por lo que no resulta admisible sostener que la prescripción de la acción civil intentada en estos autos ha de contarse desde la fecha en que se declaró la invalidación del acto administrativo, como plantea la actora, o en otras palabras, a partir de la época en que la afectada tuvo certeza del dolo en el actuar del demandado.

Siguiendo entonces el criterio antes reseñado, el fallo de primera instancia concluye que la prescripción ha corrido sin interrupción desde que se dictara la Resolución N° 245 de 24 de octubre de 2006, o desde su notificación practicada con fecha 4 de enero de 2007, por lo que a la época de notificación de la demanda, esto es, el día 18 de abril de 2013, la acción indemnizatoria se encontraba prescrita.

Apelado que fue dicha sentencia por la demandante, la Corte de Apelaciones de Rancagua la revocó por sentencia de veintisiete de agosto de dos mil quince. Los jueces del tribunal de alzada expresaron que la citada Resolución N° 245 había quedado cubierta por una doble presunción de legalidad: la que otorga la Toma de Razón por la Contraloría Regional y por lo que dispone al efecto el artículo 3° de la Ley N° 19.880. Consecuencia de lo anterior, sostienen los magistrados, los daños y perjuicios causados a la actora por su exoneración no eran indemnizables en ese momento, pues se originaban en un acto administrativo que se presumía legal. De modo que la actora carecía de acción para reclamar en juicio el derecho a ser indemnizada, toda vez que no había ilicitud ni antijuridicidad en el acto administrativo de su desvinculación que pudieran servir de base para impugnar su validez.

Ponen de manifiesto los jueces del tribunal de segundo grado que es con el dictamen de la Contraloría N° 3311 de 28 de septiembre de 2009, que la Resolución N° 245 quedó afectada de antijuridicidad, momento en el cual nacen también las acciones judiciales civiles que puede ejercitar la demandante. Por consiguiente, el término de prescripción de cuatro años comenzó a correr a contar de esa data, por lo que habiéndose notificado la presente demanda el 18 de abril de 2013, lo ha sido dentro de plazo.

Por tanto, deciden condenar al Servicio de Salud O'Higgins a pagar a la demandante las sumas de $25.000.000 por concepto de daño moral y de $11.800.000, correspondiente a remuneraciones especiales y diferencia de sueldos no percibidas por la actora debido a su exoneración, además de los incrementos por reajustes e intereses de sus cotizaciones previsionales. Asimismo, se ordenó pagar los reajustes e intereses correspondientes a las remuneraciones ordinarias que fueron canceladas a la actora en su valor histórico, por el lapso que estuvo exonerada.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de casación en el fondo denuncia la infracción del artículo 2332 del Código Civil. Plantea que si bien parte de la doctrina avala que el plazo de prescripción puede computarse desde que se produce el daño antijurídico, cabe preguntarse en el caso de autos desde cuándo se configuró el daño, o más bien, desde cuándo la demandante tuvo real conocimiento del supuesto daño provocado con la dictación de la Resolución N° 245/2006.

En este sentido, expresa que atendido que dicho acto administrativo fue dejado sin efecto por orden de la Contraloría Regional, se debe considerar que aquél nació con un vicio de nulidad y como un acto antijurídico lesivo para la demandante, por lo que con arreglo al articulo 2518 del Código Civil, debió haber sido reclamado en sede jurisdiccional en forma oportuna para el efecto de interrumpir el plazo de prescripción de la acción civil.

Al respecto, hace presente el recurrente que los dictámenes de la Contraloría sólo tienen un efecto declarativo y no constitutivo, teniendo dicho carácter el Dictamen N° 3311 que ordena dejar sin efecto la Resolución N° 245/2006 del Servicio de Salud O'Higgins, de manera que la antijuridicidad de esta última en cuanto declaró la salud incompatible de la actora con el cargo, no debe considerarse desde la dictación de ese dictamen. De ello se sigue que la acción judicial de indemnización de perjuicios debió presentarse a más tardar con fecha 4 de enero de 2011, esto es, cuatro años después de notificada la Resolución N° 245, la que nació antijurídica y por ende nula, de acuerdo al ya señalado efecto meramente declarativo y no constitutivo del dictamen que ordenó dejarla sin efecto, de modo que al notificarse la demanda el 18 de abril de 2013, la acción incoada se encontraba prescrita.

A continuación, argumenta que aun siguiendo la hipótesis de que el plazo de prescripción no debe contarse desde la notificación de la Resolución N° 245, sino desde el conocimiento cierto del daño, igualmente el plazo de prescripción ya se había agotado al momento de notificar la demanda, toda vez que con anterioridad al dictamen de la Contraloría Regional, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O'Higgins por Resolución N° 8535 de 3 de octubre de 2008, estableció la invalidez de la actora del 40% por origen laboral, por lo que no requería esperar un pronunciamiento de la Contraloría para tener certeza de su derecho para accionar.

Segundo: Que para adecuada comprensión del asunto conviene señalar los siguientes antecedentes de la causa:

a.- Mediante Resolución N° 245 de 24 de octubre de 2006, el Servicio de Salud O'Higgins declaró vacante el cargo que servía la demandante en el Hospital de Santa Cruz por salud incompatible. La Contraloría Regional procede a su toma de razón con fecha 11 de diciembre de 2006, verificado lo cual, se le notifica a la afectada el 4 de enero de 2007.

b.- Por Resolución N° 8535 de 3 de octubre de 2008, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la VI Región estableció que las dolencias físicas que aquejaban a la actora y las licencias médicas que se consideraron para declarar vacante el cargo, eran secuela de un accidente del trabajo.

c.- La actora acudió a la Contraloría Regional con fecha 16 de febrero de 2009, solicitando la invalidación de la Resolución N° 245, acompañando el pronunciamiento anterior que establecía que sus licencias médicas no correspondían a una enfermedad común, sino a una de carácter laboral, lo que llevó al órgano contralor a emitir el Dictamen N° 3311 de 28 de septiembre de 2009, en cuya virtud se ordena al Servicio de Salud O'Higgins invalidar la resolución que declaró vacante el cargo, reincorporar a la afectada al cargo y grado que servía a la época de alejamiento de sus labores y proceder al pago de las remuneraciones devengadas a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que se invalida.

Tercero: Que teniendo especialmente en consideración que la responsabilidad civil supone como requisito fundamental la concurrencia del daño ocasionado por el hecho del que se pretende hacer responsable al demandado, puede argüirse que el daño, y en particular la fecha en que se toma conocimiento del mismo, será siempre el elemento que determinará el momento en que se consume la perpetración del ilícito civil, haciendo nacer la obligación indemnizatoria y, por consiguiente, deberá exigirse la existencia del perjuicio para comenzar el cómputo de esta prescripción, puesto que sólo con el daño se completa el hecho ilícito. Debe inferirse entonces que la noción de "perpetración del acto" a que alude el artículo 2332 del Código Civil, no sólo comprende la ejecución de la acción sino también su efecto dañoso en la víctima.

Cuarto: Que, en efecto, la prescripción extintiva sólo puede correr desde que la acción está disponible para la víctima, vale decir, desde el dia en que ésta ha podido entablar su demanda, pues carece de sentido que la acción se extinga por prescripción antes de que se hayan dado las condiciones para su ejercicio. Por ello, si la victima, por circunstancias que no sean atribuibles a su descuido, no ha podido tener conocimiento del daño o dolo y, en consecuencia, no ha podido ejercer la acción, no hay razón para admitir que el plazo de prescripción igualmente ha comenzado a correr en su contra. Si sólo puede haber delito o cuasidelito civil cuando la acción u omisión ha generado un daño y no antes, el perjuicio debe ser evidente para la víctima, pues de lo contrario, la acción procesal se encontraria extinguida antes de que haya podido hacerse valer.

Quinto: Que, en la especie, sólo con el Dictamen N° 3311 de 28 de septiembre de 2009 de la Contraloría General de la República, quedó definitivamente establecido que la Resolución N° 245/2006 del Servicio de Salud O'Higgins era ilegal y debía ser invalidada, perdiendo la presunción de legalidad que reviste todo acto administrativo que permanece vigente, mientras otro acto administrativo no declare formalmente lo contrario. Lo anterior conlleva a asumir que sólo desde esa data la reclamante ha podido hacer valer las acciones tendientes a obtener la reparación del daño, pues a partir de esa fecha puede entenderse que los perjuicios causados provinieron de una actuación administrativa declarada contraria al ordenamiento jurídico y, por tanto, eran reclamables. También ha podido iniciarse el término de prescripción de la acción que, a partir del Dictamen N° 3311 ha estado en condiciones de ser ejercida, pues antes la afectada no estaba obligada a demandar.

De lo expuesto fluye, por ende, que los sentenciadores no yerran al no considerar prescrita la acción civil entablada en estos autos.

De conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 766, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 304 en contra de la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil quince, escrita a fojas 289.

Acordada con los votos en contra de los Ministros señor Pierry y señora Sandoval, quienes estuvieron por acoger el recurso de nulidad de fondo y dictar sentencia de reemplazo que acogiera la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado, en virtud de las siguientes consideraciones:

1°.- Que si bien quienes disienten han señalado en fallos anteriores (Rol N° 2881-2015, Rol N° 8106-2015, entre otros) que el plazo de prescripción debe necesariamente computarse desde el hecho al que se atribuye ser generador del daño, pues lo contrario es aceptar que el plazo puede iniciarse el dia en que la persona se entere haber sufrido un perjuicio imputable a un tercero, postura que implica admitir que la prescripción comenzará a correr en una fecha que no se sabe si ha de llegar ni cuándo, situación que pugna con una de las funciones que cumple la prescripción como es la de propender a la seguridad jurídica, en este caso concurren determinadas particularidades que permiten sostener que el plazo de prescripción no ha podido ser contado desde la dictación de la Resolución N° 245/2006 que separó a la demandante de su cargo por salud incompatible.

2°.- Que, en efecto, aquel acto administrativo, generador de los daños que se reclaman, se encontraba revestido de legalidad y tomado de razón. Por lo que mal puede pretenderse que el término de prescripción liberatoria se contara a partir de esa época, sancionando una supuesta inactividad de la afectada.

3°.- Que, sin embargo, tal como se desprende de los hechos establecidos en la causa, la actora tuvo pleno conocimiento de que el actuar del Servicio de Salud demandado había sido ilegal con la declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la VI Región, la que a través de su Resolución N° 8535 de 3 de octubre de 2008 estableció que la invalidez parcial de la recurrente era de origen laboral, circunstancia que le daba derecho a impetrar las acciones indemnizatorias en sede civil. Efectivamente, la misma actora en su libelo expresó que con dicha resolución del Compin "quedó establecido con certeza y de modo definitivo, que la resolución que me afectó, fue ilegalmente dictada". De manera que al notificarse esta demanda el 18 de abril de 2013, la acción había prescrito.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz y de la disidencia, sus autores.

Rol N° 22.878-2015.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel Valderrama R. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con permiso. Santiago, 19 de mayo de 2016.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Fuente de Referencia


Portal del Poder Judicial de Chile. (2019). "Poder Judicial".
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